Calculadora De Pena Online?

Calculadora De Pena Online

¿Cómo calcular la pena de prisión?

La pena inferior en grado se calcula con el límite mínimo de la pena, restándole la mitad de la misma. Al resultado se le reduce un día al límite máximo. Aplicado al ejemplo anterior (prisión de 3 meses a 3 años), la pena inferior en grado sería de 1 mes y 15 días a 2 meses y 29 días de prisión.

¿Cómo bajar en grado una pena?

CÓMO SE CALCULA LA PENA INFERIOR Y SUPERIOR EN GRADO – El cálculo de la pena inferior en grado se obtiene tomando como referencia la pena mínima: 1 año, y restándole su mitad. La mitad de 1 año son 6 meses. De esta forma, la inferior en grado oscila entre 6 meses y 1 año (menos 1 día porque 1 año no es la inferior en grado sino la pena en su mitad inferior).

  1. Así, la pena superior en grado oscilaría entre 3 años (y 1 día, porque 3 años es la mitad superior) a 4 años y 6 meses.
  2. Si quisiéramos calcular cuál es la mitad inferior de la superior en grado, tendríamos que dividir la mitad de 3 (1 año y 6 meses) entre 2, lo que nos daría 6 meses + 3 meses = 9 meses.
  3. La pena superior en grado en su mitad inferior sería, pues, la comprendida entre 3 años y 1 día a 3 años y 9 meses.
  4. OTROS EJEMPLOS :
  5. El artículo 379.1 CP establece:
  6. «El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años».
  7. Este artículo establece opciones penológicas alternativas, a excepción de la privación del derecho de conducción, de carácter imperativo.

En cada una de ellas, si no existen circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, se puede imponer la pena en toda su extensión. Es decir, puede ser tanto la mínima, como la máxima como cualquiera otra intermedia.

  • Primera opción: prisión de tres a seis meses :
  • Para calcular la pena en su mitad superior o inferior hay que partir de la mitad de la pena: es decir, la mitad de la diferencia entre 3 y 6 meses = 1 mes y 15 días (la diferencia son 3 meses; luego la mitad de esta diferencia es 1 mes y 15 días).
  • Así, la mitad inferior sería la pena comprendida entre 3 meses y 4 meses y 15 días.
  • La mitad superior sería la pena que va desde los 4 meses y 16 días a los 6 meses.
  • Para calcular la pena inferior en grado habría que partir de la pena mínima y reducirla en su mitad:
  • – La pena mínima son 3 meses.
  • – La mitad de la pena mínima es 1 mes y 15 días.
  • De esta forma, la pena inferior en grado sería la comprendida entre 1 mes y 15 días a 3 meses (menos 1 día, porque 3 meses es la pena mínima de la mitad inferior).
  • De igual manera, para calcular la pena superior en grado tendríamos que partir de la pena máxima (6 meses) y sumarle su mitad (3 meses).
  • El resultado de aplicar la pena en grado superior daría una pena que oscila entre los 6 meses más 1 día a los 9 meses de prisión.
  • Segunda opción: multa de seis a doce meses
  • Mitad inferior : De 6 a 9 meses
  • Mitad superior : de 9 meses y 1 día a 12 meses.
  • Pena inferior en grado : de 3 meses a 6 meses (menos 1 día)
  • Pena inferior en dos grados : de 1 mes 16 días a 3 meses menos 1 día.
  • Pena superior en grado : de 12 meses y 1 día a 18 meses.
  • Tercera opción: Trabajos en beneficio de la comunidad : de 31 a 90 días,

La mitad de esta cifra son 59 días. Por tanto la mitad inferior es de 31 a 59 días. La mitad superior es de 60 a 90 días. Inferior en grado : tomando como referencia la cifra de 31 y restándole su mitad, nos da 15,5. Lógicamente, 15 días sería una pena inferior a la mínima en grado por lo que se habrá de partir de 16 días.

  1. Así, la pena inferior en grado sería de entre 16 a 30 días (no pueden ser 31 días porque sería la mínima del tipo básico).
  2. Superior en grado : De 90 (+1) días a (90+45).
  3. Es decir, de 91 días a 135 días.
  4. Pena acumulada: Prohibición de conducir : superior a un año y hasta 4 años La mitad de la pena es la diferencia entre 4 años y 1 año y 1 día («superior a un año»).4 años – 1 año = 3 años.

La mitad = 1 año y 6 meses. Pero como hay que partir de que la pena es superior a un año, es decir 1 año y 1 día, la mitad oscilaría entre esta cifra y la suma de la anterior, lo que equivale a 1 año y 1 día a 2 años 6 meses y 1 día.

  1. Así, la mitad inferior es: de 1 año y 1 día a 2 años, 6 meses y 1 día.
  2. La mitad superior es: de 2 años 6 meses y 2 días a 4 años.
  3. La pena inferior en grado es: 6 meses (+1 día) a 1 año (se le quita el día porque 1 año y 1 día es la mínima de la mitad inferior).
  4. La pena superior en grado es: de 4 años (y 1 día) a 6 años.

¿Cómo sacar la mitad de una pena?

¿Que es la mitad inferior de la pena? – Cuando se aplica una atenuante a una conducta el tipo penal debe ser modificado. No es lo mismo causar unas lesiones con instrumento peligroso del artículo 148 del Código Penal va de 2 a 5 años de cárcel, habiendo reparado el daño causado.

  1. En este último caso, se nos podrá aplicar la atenuante de reparación del daño.
  2. En este caso en cuestión se nos aplicará el artículo señalado en su mitad inferior de la pen,
  3. La mitad inferior de la pena se calcula sumando las dos condenas, dos más cinco y dividiendo entre dos, el resultado da siete años.

El resultado se divide entre dos y nos da tres años y medio. La mitad inferior de la pena del delito de lesiones con instrumento peligroso del artículo 148 del Código Penal con atenuante de reparación del daño va ahora de 2 años de cárcel a 3,5 años de cárcel.

¿Cómo se calcula la pena con agravante?

Cuarto – Si CONCURRE UNA O VARIAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES : La pena se debe imponer en su mitad superior. Para establecer la duración, se divide por la mitad la diferencia entre el límite inferior y el superior; el resultado será el límite máximo de la mitad inferior y el límite mínimo de la mitad superior.

¿Cuánto equivale un año en prisión?

¿Cuántos meses tiene el año carcelario? El año carcelario equivale a 360 días. El mes corresponde a 30 días.

¿Cuando la pena es menos grave?

Penas menos graves son las que enumera el artículo 33.3 del Código Penal, comenzando por la prisión que no exceda de cinco años y las inhabilitaciones y suspensiones igualmente no superiores a cinco años.

¿Cuál es la pena máxima?

Gaceta del Senado

Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

  • SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
  • ASUNTO QUE CONCLUYE SU TRÁMITE LEGISLATIVO EN COMISIONES, DE CONFORMIDAD CON EL “ACUERDO DE MESA DIRECTIVA PARA DAR CONCLUSIÓN A LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN”, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017.

Propone el establecimiento de la prisión vitalicia en el sistema penal de impartición de justicia para el caso de tres delitos que por su trascendencia impacta de sobremanera actualmente en la sociedad: secuestro, homicidio calificado y terrorismo. Para lograr lo anterior se propone reformar los artículos 25, 63 párrafos primero y tercero, 64, 64 Bis, 85 fracción I, inciso m), 139 primer párrafo, 142, 145, 148 Bis, y 320 del Código Penal Federal; adicionar un segundo párrafo al artículo 290 del Código Federal de Procedimientos Penales; reformar las fracciones I y II del artículo 10 y el artículo 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, reformar la fracción I del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para reconsiderar la prisión vitalicia como una sanción, coadyuvante para disminuir y, de ser posible, erradicar la violencia en México, aclarando que la sanción debe dictarla un juez penal atendiendo las formalidades del procedimiento, adquiriendo la calidad de cosa juzgada.

La iniciativa propone las reformas de los ordenamientos que se describen para que dichos delitos sean susceptibles de ser castigados con la prisión vitalicia, conservando la potestad del juzgador para decidir entre este máximo y un mínimo que nunca será menor de cuarenta años; de ser considerados siempre como graves, para evitar que los presuntos delincuentes adquieran su libertad durante el procedimiento; dentro del catálogo de delitos que se encuentran bajo la jurisdicción de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, principalmente en cuanto a los procedimientos de investigación desarrollados por las autoridades; y, de ser considerados como aquellos que no pueden ser objeto del beneficio de la libertad preparatoria.

Recinto del Senado de la República, a 03 de Octubre de 2011. CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN P R E S E N T E Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, al tenor de la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Lamentablemente, en la actualidad, y sólo por mencionar algunos ejemplos, muertos en las calles, incinerados, degollados, colgados y, en general, personas sobre las cuales se atentó corporal o psicológicamente, son noticias cotidianas.

  1. En este contexto, nos debemos exigir a nosotros, los integrantes de la representación legislativa del país, brindar a la sociedad instrumentos necesarios para que el Estado vuelva a realizar plenamente la función pública, que es la razón esencial de su existencia, la seguridad.
  2. Ante ello, vale la pena mirar retrospectivamente al máximo doctrinario del derecho punitivo, Cesare Beccaria, quien plasmó sus ideas trascendentales en el libro Tratado de los delitos y de las penas, donde dejó en claro que la eficiencia de la pena no es aquella que sea demasiada intensa, sino la que se prolonga a lo largo del tiempo, pues operaría como un factor disuasivo para las personas que tienen la intencionalidad de infringir las disposiciones penales.
  3. El profesor italiano, compara la pena de muerte con la prisión vitalicia, alegando que la sociedad se impacta con la pena capital, sin embargo, sus consecuencias se olvidan entre el colectivo; en contraposición a esa pena, la cadena perpetua es continua, estando presente todo el tiempo para la sociedades.
  4. Ante las condiciones presentes en el país y el argumento de autoridad previsto, es conveniente reconsiderar la prisión vitalicia o cadena perpetua como una sanción, coadyuvante para disminuir y, de ser posible, erradicar la violencia en México, aclarando que la sanción debe dictarla un juez penal atendiendo las formalidades del procedimiento, adquiriendo la calidad de cosa juzgada.
  5. El descrédito de la prisión vitalicia atiende a los abusos de épocas anteriores, donde no existía un sistema procedimental bien estructurado, o bien, los alcances políticos derivados del sistema podían más que las determinaciones normativas.
  6. Los dos casos enunciados (descrédito de un sistema jurisdiccional incipiente y consideraciones políticas antes de todo) pueden representarse con la sanción impuesta a Galileo Galilei, quien fue condenado como se precisa en seguida:
  7. “reservándonos la facultad de aminorar, cambiar y levantar en todo o en parte la mencionada pena”.
  8. En este tenor no se puede apreciar una fecha de compurgación, por lo que la pena se pudo prolongar hasta su muerte, pero la historia narra que se le otorgó, a cambio de la retractación de su teoría, una sustitución, de por vida, de arresto domiciliario.
  9. Sin embargo, en los estados democráticos con instituciones jurisdiccionales definidas en cuanto a su competencia y respaldadas por tribunales con personal especializado y profesionales, la prisión perpetua sería un medio eficaz para lograr la finalidad de una seguridad pública plena, la cual, a su vez, propiciará el orden y la paz pública tan añorada en estos tiempos.

Sabemos bien las respuestas que esta iniciativa podría levantar, sin embargo, es tiempo de mirar las consecuencias tan lamentables de no haber generado en los últimos lustros políticas públicas de educación para jóvenes, inclusión social y desarrollo económico para emplear a las personas en edad productiva.

Nos referimos a la delincuencia organizada. Entre las críticas que podrían presentarse sin fundamento, está la de su constitucionalidad, debido a que el 9 de diciembre de 2005 se modificó el artículo 22 de la Carta Magna para suprimir la pena capital, la cual se le asimila como una pena parecida a la prisión vitalicia en cuanto a lo absoluto de su determinación, circunstancia que no refleja la realidad, haciendo uso maniqueo de los argumentos para desacreditar, sin razón, la pena por la que pugnamos.

La prisión vitalicia no es contraria al texto supremo jurídico, entre otras razones por las causas descritas a continuación: A) El artículo 14 constitucional textualmente está redactado en su segundo párrafo en los siguientes términos: Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En este tenor, es evidente la no existencia de una prohibición constitucional sobre la cadena perpetua, por lo que, todo tribunal penal, atendiendo a leyes anteriores al hecho delictivo y respetando las formalidades esenciales del procedimiento, podría asignarle como sanción a un procesado la prisión vitalicia.

B) Internacionalmente, México suscribió dos instrumentos cuya relevancia es determinante, entre otras circunstancias, por el control de la convencionalidad, tan importante y reconocida abiertamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el presente año gracias al caso Rosendo Radilla.

  • Convención de Las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (Convención de Palermo)
  • Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

La Convención de Palermo determina en su artículo 34.3, que los Estados, suscriptores, serán libres de determinar penas consideradas como “más estrictas”, con la finalidad de limitar la delincuencia organizada. En este tenor, ocupando la interpretación extensiva, es viable imponer, como una sanción más estricta, la pena de prisión perpetua, en virtud que ésta no existe al día de hoy en los textos penales federales.

Por lo tanto, la reforma que pretendemos incluir, si se obtienen los requisitos legales y constitucionales, transformará la redacción del artículo 25 del Código Penal Federal, el cual, actualmente, en términos generales, sólo reconoce hasta sesenta años como la pena máxima de prisión. Por su parte, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado por el Ejecutivo Federal el diez de octubre de dos mil cinco y depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el veintiocho del propio mes y año, acepta en su artículo 110, la ad cohaerentia del derecho interno de que éste pueda considerar la cadena perpetua como una sanción.

Es importante tener presente la completa aceptación, no sólo de México sino de todos los países occidentales modernos de la jurisdicción penal internacional a través de la Corte, por lo que no aceptar la prisión vitalicia como opción es un argumento evasivo.

C) En este mismo tenor, es conveniente precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en el marco de la constitucionalidad y de un tratado de extradición, aceptar que una persona se trasladara a la nación que la juzgaría, en donde la prisión vitalicia pudiera ser una opción altamente probable.

Para fortalecer este argumento se transcribe en seguida la postura judicial: Novena Época Registro: 175940 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: P./J.2/2006 Página: 5 EXTRADICIÓN.

LA PRISIÓN VITALICIA NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE CUANDO AQUÉLLA SE SOLICITA ES INNECESARIO QUE EL ESTADO REQUIRENTE SE COMPROMETA A NO APLICARLA O A IMPONER UNA MENOR QUE FIJE SU LEGISLACIÓN.

De conformidad con el artículo 10, fracción V, de la Ley de Extradición Internacional, si el delito por el que se solicita la extradición es punible con la pena de muerte o alguna de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con las leyes de la parte requirente, la extradición no podrá concederse, a menos de que esta parte otorgue las seguridades suficientes de que aquéllas no se aplicarán, o que se impondrán las de menor gravedad que fije su legislación.

En estas condiciones, si la pena de prisión vitalicia no es de las prohibidas por el referido precepto constitucional, es evidente que en los casos en que se solicite la extradición y el delito que se impute al reclamado sea punible en la legislación del Estado solicitante hasta con pena de prisión vitalicia, es innecesario exigirle que se comprometa a no imponerla o a aplicar una menor.

Solicitud de modificación de jurisprudencia 2/2005-PL. Presidente Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio A. Valls Hernández, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.29 de noviembre de 2005. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N.

  • Silva Meza.
  • Ponente: Guillermo I.
  • Ortiz Mayagoitia.
  • Secretarios: Rafael Coello Cetina y Alberto Díaz Díaz.
  • El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 2/2006, la tesis jurisprudencial que antecede.
  • México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.
  • Nota: En su sesión de 29 de noviembre de 2005, el Tribunal en Pleno determinó modificar la tesis P./J.125/2001, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 13, para quedar aprobada en los términos de la diversa P./J.2/2006.

Como se aprecia, el orden legal mexicano concibe a la cadena perpetua como coherente al sistema normativo. Para fortalecer todavía más la inclusión de este apartado, también es conveniente transcribir otra contradicción en la cual no sólo se indica la coherencia de la pena con el sistema, sino, además, su conveniencia y las características que debe reunir una sanción para ser considerada como prohibida por el orden supremo, mismas que, como se explica, no encuadran con la prisión vitalicia.

Novena Época Registro: 175844 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: P./J.1/2006 Página: 6 PRISIÓN VITALICIA. NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

La acepción de pena inusitada a que se refiere el precepto constitucional citado se constriñe a tres supuestos: a) Que tenga por objeto causar en el cuerpo del sentenciado un dolor o alteración física; b) Que sea excesiva en relación con el delito cometido; que no corresponda a la finalidad que persigue la pena, o que se deje al arbitrio de la autoridad judicial o ejecutora su determinación al no estar prevista en la ley pena alguna exactamente aplicable al delito de que se trate; y, c) Que siendo utilizada en determinado lugar no lo sea ya en otros, por ser rechazada en la generalidad de los sistemas punitivos.

  • En congruencia con lo anterior, se concluye que la pena de prisión vitalicia no se ubica en alguno de los referidos supuestos, ya que si bien inhibe la libertad locomotora del individuo, no tiene por objeto causar en su cuerpo un dolor o alteración física.
  • En cuanto a lo excesivo de una pena, ello se refiere a los casos concretos de punibilidad, en los que existe un parámetro para determinar si para ciertos delitos de igual categoría, el mismo sistema punitivo establece penas diametralmente diferentes, por lo que la pena indicada en lo general no se ubica en tal hipótesis, al no poder existir en abstracto ese parámetro; además, la prisión corresponde a la finalidad de la pena, pues ha sido reconocida como adecuada para el restablecimiento del orden social, sin que la característica de vitalicia la haga perder esa correspondencia, pues dicho aspecto se relaciona con su aplicación, mas no con el tipo de pena de que se trata.
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Por otra parte, es importante señalar que el hecho de que la prisión vitalicia no tenga como consecuencia que el reo se readapte a la sociedad, dado que éste no volverá a reintegrarse a ella, tampoco determina que sea una pena inusitada, toda vez que el Constituyente no estableció que la de prisión tuviera como única y necesaria consecuencia la readaptación social del sentenciado, ni que ese efecto tendría que alcanzarse con la aplicación de toda pena, pues de haber sido esa su intención lo habría plasmado expresamente.

Solicitud de modificación de jurisprudencia 2/2005-PL. Presidente Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio A. Valls Hernández, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.29 de noviembre de 2005. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N.

Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Rafael Coello Cetina y Alberto Díaz Díaz. El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 1/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.

Nota: En su sesión de 29 de noviembre de 2005, el Tribunal en Pleno determinó modificar la tesis P./J.127/2001, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 15, para quedar aprobada en los términos de la diversa P./J.1/2006.

A lo largo de esta breve exposición, hemos podido apreciar la conveniencia social como factor disuasivo de la concepción actual sobre la prisión vitalicia, asimismo, hemos defendido su constitucionalidad de acuerdo al argumento sistemático en su modalidad ad cohaerentia,

De igual modo, la aceptación del orden jurídico mexicano en concordancia con la Convención de Palermo y el Estatuto de Roma, acudiendo por último, en nuestro afán demostrador, a la interpretación que la Corte ha brindado en sendas resoluciones. Finalmente, se presenta el argumento del federalismo, sostenido en los artículos 40 y 121 constitucionales, pues gracias a éstos, la Federación reconoce todo acto público de las entidades federativas, asimismo, su capacidad autónoma de legislación.

En este tenor, se cita la norma punitiva del Estado de Chihuahua, concretamente, su Código Penal, artículo 29, fracción I, donde, abiertamente, reconoce la prisión vitalicia. Una pena de este tipo sólo es posible si, intrínsecamente, existe la respectiva constitucionalidad.

  • En virtud de todo lo anterior es que consideramos necesario, oportuno e impostergable el establecimiento de la prisión vitalicia en nuestro sistema penal de impartición de justica para el caso de tres delitos que por su trascendencia impacta de sobremanera actualmente en nuestra sociedad.
  • Nos referimos al secuestro, al homicidio calificado y al terrorismo, en las modalidades que se proponen en el presente proyecto de decreto.

El objetivo consiste en modificar el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley general para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que dichos delitos sean susceptibles:

  • De ser castigados con la prisión vitalicia (conservando la potestad del juzgador para decidir entre este máximo y un mínimo que nunca será menor de cuarenta años).
  • De ser considerados siempre como graves (para evitar que los presuntos delincuentes adquieran su libertad durante el procedimiento).
  • Dentro del catálogo de delitos que se encuentran bajo la jurisdicción de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (principalmente en cuanto a los procedimientos de investigación desarrollados por las autoridades)
  • De ser considerados como aquellos que no pueden ser objeto del beneficio de la libertad preparatoria.

Por otro lado, consideramos necesario presentar el siguiente estudio que muestra la situación en la que se encuentra la prisión vitalicia o perpetua en otros países que creemos son bastante representativos. Ello con el objeto de fortalecer nuestra propuesta descrita en los párrafos que anteceden:

Estados Unidos de América: En este país la pena puede variar dependiendo el Estado de la Unión donde se cometa, aunque generalmente es obligatoria para asesinato de primer grado en los Estados que no cuentan con la pena de muerte.

Una encuesta realizada en el 2005 por el New York Times mostro que 1 de cada 10 prisioneros en este país están cubriendo una cadena vitalicia. Bajo el criterio de tres fallas o faltas a la ley acogiendo un rango de crímenes que van desde robo hasta asesinato, ello se considera que puede ser el inicio de una carrera criminal, por lo que se considera razón suficiente para aplicar la prisión vitalicia.

  • Singapur: La cadena perpetua es un castigo poco usado en Singapur considerando que los delitos más graves son castigados con la pena de muerte que rige en el país. Sin embargo, pequeñas cantidades de drogas (que no sobrepasen lo estipulado para castigar con el castigo capital) o pequeños robos, son castigados con la cadena perpetua sin lugar a la libertad condicional. Singapur tiene una de las leyes penales más estrictas de todo el mundo.
  • Holanda: En Holanda, la cadena perpetua es una condena a permanecer en la cárcel durante el resto de la vida del reo, y sólo si la Reina concede el indulto, cosa que sólo ha ocurrido dos veces desde la Segunda Guerra Mundial, es liberado.
  • Canadá: En Canadá la cadena perpetua es obligatoria en caso de asesinato. El periodo mínimo para la libertad condicional es de 25 años para los asesinatos en primer grado y de 10 a 25 años para los asesinatos en segundo grado.
  • Argentina: En Argentina, el Código Penal establece en su artículo 79 (Libro II, Título I Capítulo I), que se aplicará la pena de 8 a 25 años para el homicidio, siempre que el Código no estableciere otra pena. Las penas de reclusión perpetua o prisión perpetua pueden aplicarse a quien matare a otro bajo ciertas circunstancias agravantes establecidas en el artículo 80 del Código Penal.

El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco años de condena, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrá obtener la libertad por resolución judicial bajo ciertas condiciones que establece la ley penal (artículo 13 del Código Penal).

Perú: En Perú la cadena perpetua es obligatoria en caso de homicidio aunque dependiendo de la intensidad de este, el juez puede determinar imponer cadena perpetua o un tiempo definido.

Normalmente las cadenas perpetuas son para los asesinos, secuestradores y terroristas. La cadena perpetua en el Perú está dispuesta en su Código Penal en el artículo 29 en donde se dispone: “La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua.

Australia: Por ofensas serias incluyendo la traición, el asesinato y traficar droga comercialmente, la Suprema Corte de Australia puede sentenciar a criminales a prisión vitalicia sin derecho a fianza por al menos 10 años o 20 si el asesinado es un policía u otro oficial publico. La prisión vitalicia es obligatoria por asesinato, terrorismo o asesinato de un policía.

  • Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos ante esta digna soberanía la siguiente
  • INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
  • ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 25, 63 párrafos primero y tercero, 64, 64 Bis, 85 fracción I, inciso m), 139 primer párrafo, 142, 145, 148 Bis, y 320 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
  • CÓDIGO PENAL FEDERAL
  • CAPITULO II Prisión

Artículo 25. La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración podrá ser de tres días hasta prisión vitalicia. Cuando la pena no sea de prisión vitalicia, sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión.

  • Se extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o la autoridad ejecutora de las penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva.
  • CAPITULO III Aplicación de sanciones en caso de tentativa Artículo 63.
  • En los casos de tentativa punible de delito grave así calificado por la ley, la autoridad judicial impondrá una pena de prisión que no será menor a la pena mínima y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado y cuando la pena prevista sea prisión vitalicia, la sanción mínima será la que resulte de aplicar ésta más 10 años.

CAPITULO IV Aplicación de sanciones en caso de concurso, delito continuado, complicidad, reincidencia y error vencible Artículo 64. En caso de concurso ideal, se aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, que se aumentará hasta una mitad del máximo de su duración, salvo que la prevista sea la prisión vitalicia y el juzgador decida aplicarla.

  1. En caso de concurso real, se impondrán las penas previstas para cada uno de los delitos cometidos, salvo que la prevista se sea la prisión vitalicia y el juzgador decida aplicarla.
  2. Si las penas se impusieran en el mismo proceso o en distintos, pero si los hechos resultan conexos, o similares, o derivado uno del otro, en todo caso las penas deberán contarse desde el momento en que se privó de libertad por el primer delito.
  3. En caso de delito continuado, se aumentará de una mitad hasta las dos terceras partes de la pena que la ley prevea para el delito cometido, salvo que la prevista sea la prisión vitalicia y el juzgador decida aplicarla.

Artículo 64 Bis,- En los casos previstos por las fracciones VI, VII y VIII del artículo 13, se impondrá como pena hasta las tres cuartas partes de la correspondiente al delito de que se trate y, en su caso, de acuerdo con la modalidad respectiva, salvo que la prevista sea la prisión vitalicia y el juzgador decida aplicarla.

  • CAPITULO III Libertad preparatoria y retención
  • Artículo 85. No se concederá la libertad preparatoria a:
  • I. Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este Código que a continuación se señalan:
  • a) a l)
  • m) Terrorismo, previsto en los artículos 139 y 149 Bis:

II. a IV. CAPITULO VI Terrorismo Artículo 139.- Se impondrá una pena de cuarenta años a prisión vitalicia y de seis hasta doce mil días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

  1. Artículo 142,-
  2. Al que instigue, incite o invite a militares en ejercicio, a la ejecución de los delitos a que se refiere este Título, se le aplicará pena de cinco a cuarenta años de prisión, con excepción del delito de terrorismo, cuya pena será la establecida en el dispositivo 139 de este Código.

Artículo 145.- Se aplicará pena de cinco a cuarenta años de prisión y de ciento veinte a mil ciento cincuenta días multa, al funcionario o empleado de los Gobiernos Federal o Estatales, o de los Municipios, de organismos públicos descentralizados, de empresas de participación estatal o de servicios públicos, federales o locales, que incurran en alguno de los delitos previstos por este Título, con excepción del delito de terrorismo, cuya pena será la establecida en el artículo 139 de este Código.

  • CAPITULO III TERRORISMO INTERNACIONAL
  • Artículo 148 Bis.- Se podrá imponer una pena mínima de cuarenta y cinco años y hasta prisión vitalicia y de diez hasta quince mil días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten:
  • I) a III)
  • CAPITULO III Reglas comunes para lesiones y homicidio

Artículo 320. Al responsable de un homicidio calificado se le podrá imponer una pena que vaya desde cuarenta años hasta prisión vitalicia.

  1. También se entenderá como homicidio calificado cuando se mutile, decapite o incinere a la víctima, sea antes o después de la privación de la vida, o bien se exhiba el cuerpo del victimado como método intimidatorio.
  2. ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
  3. CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
  4. CAPITULO IX Valor jurídico de la prueba

Artículo 290.

  • Cuando se trate de los delitos sancionados con prisión vitalicia, las resoluciones contendrán una descripción pormenorizada de las pruebas desahogadas, del valor que se les haya asignado, los razonamientos en los que descansan, de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, sean favorables o desfavorables así como el proceso de inferencias objetivas que permita tener plenamente probada la comisión del delito y la responsabilidad del indiciado.
  • ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman las fracciones I y II del artículo 10 y el artículo 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria del la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
  • LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
  • Capítulo II De los Delitos en Materia de Secuestro
  • Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán:
  • I. De veinticinco años de prisión y hasta prisión vitalicia y de dos mil a cuatro mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes:
  1. a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario;
  2. b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;
  3. c) Que se realice con violencia;
  4. d) Que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que ésta se encuentra;
  5. e) Que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo;
  6. f) Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez;

II. De treintaicinco años de prisión y hasta prisión vitalicia y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurren cualquiera de las circunstancias siguientes:

  • a) Que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo;
  • b) Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta;
  • c) Que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal;
  • d) Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual;
  • e) Que durante o después de su cautiverio, la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito.

Las sanciones señaladas en el presente artículo se impondrán, sin perjuicio o con independencia de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se aplican resulten. Artículo 11. Si la víctima de los delitos previstos en la presente Ley es privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos, se impondrá a éstos una pena de cuarenta y cinco años de prisión y hasta prisión vitalicia y de doce mil a dieciséis mil días multa.

  1. ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma la fracción I del artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:
  2. LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
  3. CAPÍTULO ÚNICO NATURALEZA, OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY
  4. Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:
  5. I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 Y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; homicidio, previsto en los artículo 315, 315 bis y 320; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;
  6. II.
  7. VII.
  8. T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del presente decreto.

  • Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
  • SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA
  • COORDINADOR
  • SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS
  • SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA
  • SEN. MANUEL VELASCO COELLO
  • SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ
  • SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS

“No es lo intenso de la pena quien hace el mayor efecto sobre el ánimo de los hombres, sino su extensión; porque a nuestra sensibilidad mueve con más sensibilidad y permanencia las continúas aunque pequeñas impresiones que una u otra pasajera y poco durable aunque fuerteno es el freno más fuerte contra los delitos el especial espectáculo momentáneo, aunque terrible, de la muerte de un malhechor, sino el largo y dilatado ejemplo de un hombre que, convertido en bestia de servicio y privado de libertad, recompensa con sus fatigas aquella sociedad que ha ofendido”.

¿Cuál es la mitad inferior de una pena?

Pen. Extensión de la pena que va desde el límite mínimo hasta la mitad del marco penal. La mitad inferior de la pena de prisión de seis meses a un año es de seis meses a nueve meses.

¿Cómo se reduce en un tercio la pena?

No hay posibilidad de reducción de la pena en un tercio.

¿Cuál es la cuarta parte de una condena?

Ejemplo de liquidación de condena penal – ‍ Para entender mejor cómo se hace una liquidación de condena penal podemos partir de un caso en el que se impone una pena de prisión de 2 años. Por ejemplo, imaginemos que la pena inicia a cumplirse el 31 de marzo de 2022, que hay un indulto parcial de la pena de 6 meses y que el reo estuvo en prisión preventiva que comenzó el 1 de enero de 2022 hasta el 27 de enero de 2022.

  • Pena de prisión: 2 años.
  • Inicio de cumplimiento: 31/3/2022
  • Indulto parcial: 6 meses.
  • Prisión preventiva: 27 días.

Pasos para liquidar la pena:

  1. Lo primero que hay que hacer es pasar la pena a días: 365×2 = 730 días.
  2. Restar el indulto si lo hay: 6×30 = 180 días.730 – 180 = 550 días (pena total para salir en libertad definitiva).

Otro aspecto importante es calcular, por ejemplo, la cuarta parte de la condena para saber cuándo el reo podrá pedir un permiso. Simplemente se trata de dividir la condena total 550/4= 137,5 días (como hay un decimal, en este caso, se le suma un día más: 138 días).

  • A esta cifra también hay que restarle los días que el reo estuvo en prisión preventiva, por lo que: 138-27= 111 días.
  • La fecha de inicio de la pena es 31 de marzo de 2022 y a partir de ahí se deben calcular los días totales de condena y la fecha en la que se podrán aplicar beneficios penitenciarios.
  • En cualquier caso, siempre es necesaria la ayuda de un abogado penalista e xperto para poder conocer la liquidación de condena y hacerlo correctamente.
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: Sunkel&Paz — ¿Qué es la liquidación de una condena penal?

¿Qué son las tres quintas partes de una condena?

Preguntado por: Arnau Juárez | Última actualización: 14 de septiembre de 2023 Puntuación: 4.9/5 ( 56 valoraciones ) Para calcular a qué tiempo equivalen tres quintas partes de la pena, se puede usar esta fórmula: X= (Pena impuesta X 3 / 5) o X=(Pena impuesta) X 0.6. Al aplicar cualquiera de estas fórmulas al ejemplo, encontramos que tres quintas partes de la pena equivalen a 108 meses de prisión.

¿Cuando un delito es agravante?

Las circunstancias agravantes son aquellas condiciones que concurren al cometerse un delito y que inciden en la responsabilidad criminal, provocando un incremento en la pena. De esta forma se imputa un mayor reproche penal al imputado.

¿Cuánto reduce la pena un atenuante?

Cuando se aprecie un solo atenuante se aplicará la pena en su mitad inferior. Cuando se aprecien dos o más atenuantes, o una o varias muy cualificadas y ninguna agravante, se aplica la pena inferior en uno o dos grados, teniendo en cuenta el número y entidad de dichas atenuantes.

¿Cómo calificar el delito?

1) Conducta-típica, 2) Antijuridicidad, y 3) Culpabilidad. El orden metodológico de estas tres categorías es inalterable, pues de lo contrario estaremos imposibilitados para realizar un análisis sistemático que nos permita determinar si se cometió o no un delito.

¿Cuál es la condena minima para entrar en prisión?

Artículo 36.1 del Código Penal Por otro lado, la pena de prisión se impone con una duración mínima de tres meses y una duración máxima de 20 años, salvo en las excepciones recogidas por el Código Penal.

¿Qué significa 3 años de prisión condicional?

¿Qué significa condena condicional? – La condena condicional es la posibilidad de suspender el cumplimiento de la pena. Lo decide el juez. La aplicación de la pena se deja en suspenso mientras la persona condenada cumpla la condición que se le impone. El juez puede decidir la condena condicional en los casos de primera condena a prisión con pena no mayor a 3 años.

¿Cuando un preso sale en libertad?

Tenemos el abogado que estás buscando – ¡No sigas buscando! Tenemos los mejores abogados especialistas de tu ciudad. Contacta ahora y dinos qué necesitas. Quiero un abogado De acuerdo al artículo 13 de la Ley Nacional de Ejecución Penal la persona sentenciada que sea beneficiada con libertad condicional tendrá las siguientes obligaciones : solicitar autorización judicial para cambiar de domicilio, cumplir con sus deberes relacionados con las medidas de seguimiento impuestas a él, cuidar las herramientas tecnológicas que se empleen para su control, entre otras.

  • La libertad condicionada podrá ser otorgada por el Juez de Ejecución, que en México es la autoridad dependiente del Poder Judicial encargada de ordenar la forma en que deben cumplirse las sanciones que consisten en la privación o disminución de la libertad de las personas.
  • Mientras que la persona sometida a libertad condicionada será monitoreada por un funcionario denominado “supervisor de libertad condicionada” dependiente del Poder Ejecutivo (el del Presidente de la República), este será según el artículo 26 de la Ley Nacional de Ejecución Penal una autoridad distinta a la penitenciaria (la que trabaja en las cárceles) o instituciones policiales.

Pudiendo delegar la labor de supervisión a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, mismas que deberán ser certificadas para poder hacer esto. Para que una persona pueda obtener libertad condicionada esta deberá:

No haber sido condenada por otro delito, que no represente un riesgo para la víctima u ofendido o los testigos del juicio,Haber tenido buena conducta.Haber realizado las actividades de educación y trabajo de la prisión.Haber cumplido con la reparación del daño en los términos establecidos.No estar siendo juzgado por otro delito.Haber cumplido la mitad de su sentencia (solo para los delitos cometidos a título de dolo, por lo que no aplica para los culposos).

No se le podrá conceder libertad condicionada a los sentenciados por delitos que se relacionen a la delincuencia organizada, al secuestro y a la trata de personas. Debido a que en México las sanciones penales buscan la reinserción social a través del trabajo y la educación, el régimen de supervisión podrá suavizarse (por decirlo de alguna manera) si la persona que goza de ella lo solicita al Juez de Ejecución y acredita haberse dedicado a actividades: productivas, educativas, culturales o deportivas no remuneradas.

  • Para el caso de las dos últimas deberá demostrar su participación en difundir, promover o representar competencias en dichas actividades.
  • Mientras que para el caso de las actividades educativas deberá demostrar la obtención de grados académicos.
  • Según establece el artículo ciento cuarenta de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la libertad condicional puede ser revocada por el Juez de Ejecución si se violan repetidamente las condiciones establecidas para la misma.

También podrá terminar si es sustituida por otra pena, porque la pena principal se extinga por completo, porque se le conceda al reo libertad anticipada (la cual es plena, sin medidas de supervisión) o porque el reo cometa otro delito mientras se encuentre sometido a libertad condicional.

¿Qué es una pena leve?

Término legal acuñado por la reforma del Código Penal por Ley Orgánica 1/2015, con entrada en vigor el 1-VII-2015, para designar a la infracción penal sancionada con pena leve como categoría que ha sustituido a aquellas faltas que no se han desincriminado, sino que han aumentado ligeramente en gravedad.

¿Cuándo es una pena leve?

Características de los delitos leves – Los delitos leves conservan parcialmente la configuración típica característica de su correspondiente falta. Sin embargo, algunas presentan ciertas diferencias. Las principales características de los delitos leves son las siguientes:

  1. Los delitos leves implican antecedentes penales hasta seis meses después de la extinción de la pena. Por el contrario, las faltas no conllevaban antecedentes.
  2. La persecución de un delito leve requiere la denuncia previa de la víctima o de su representante legal.
  3. Algunos delitos leves se castigan con una pena más elevada que la de sus correspondientes faltas.
  4. Los delitos leves no se castigan con penas de prisión, excepto en algunos casos.
  5. Aunque las faltas prescribían a los seis meses, los delitos leves prescriben en un año.
  6. El procedimiento para el juicio de los delitos leves es similar al de los juicios de faltas. El órgano competente es el juez de instrucción, excepto en los casos que correspondan al juez de violencia sobre la mujer,

¿Cómo saber si una pena es grave menos grave o leve?

Por su gravedad –

Graves: aquellas infracciones que la ley castiga con pena grave (Ej.: delito de asesinato, homicidio, tráfico de drogas, secuestro) Menos graves : son delitos menos graves aquellos para los que la ley prevé una pena menos grave (Ej.: vandalismo, ausentarse de un juicio, “shoplifting”) Leves: delitos que la ley castiga con una pena leve (Ej.: el hurto, delito leve de lesiones, amenazas leves)

¿Cómo se sacan las tres quintas partes de una condena?

Preguntado por: Arnau Juárez | Última actualización: 14 de septiembre de 2023 Puntuación: 4.9/5 ( 56 valoraciones ) Para calcular a qué tiempo equivalen tres quintas partes de la pena, se puede usar esta fórmula: X= (Pena impuesta X 3 / 5) o X=(Pena impuesta) X 0.6. Al aplicar cualquiera de estas fórmulas al ejemplo, encontramos que tres quintas partes de la pena equivalen a 108 meses de prisión.

¿Cuál es la pena máxima?

Gaceta del Senado

Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

  • SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
  • ASUNTO QUE CONCLUYE SU TRÁMITE LEGISLATIVO EN COMISIONES, DE CONFORMIDAD CON EL “ACUERDO DE MESA DIRECTIVA PARA DAR CONCLUSIÓN A LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN”, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017.

Propone el establecimiento de la prisión vitalicia en el sistema penal de impartición de justicia para el caso de tres delitos que por su trascendencia impacta de sobremanera actualmente en la sociedad: secuestro, homicidio calificado y terrorismo. Para lograr lo anterior se propone reformar los artículos 25, 63 párrafos primero y tercero, 64, 64 Bis, 85 fracción I, inciso m), 139 primer párrafo, 142, 145, 148 Bis, y 320 del Código Penal Federal; adicionar un segundo párrafo al artículo 290 del Código Federal de Procedimientos Penales; reformar las fracciones I y II del artículo 10 y el artículo 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, reformar la fracción I del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para reconsiderar la prisión vitalicia como una sanción, coadyuvante para disminuir y, de ser posible, erradicar la violencia en México, aclarando que la sanción debe dictarla un juez penal atendiendo las formalidades del procedimiento, adquiriendo la calidad de cosa juzgada.

La iniciativa propone las reformas de los ordenamientos que se describen para que dichos delitos sean susceptibles de ser castigados con la prisión vitalicia, conservando la potestad del juzgador para decidir entre este máximo y un mínimo que nunca será menor de cuarenta años; de ser considerados siempre como graves, para evitar que los presuntos delincuentes adquieran su libertad durante el procedimiento; dentro del catálogo de delitos que se encuentran bajo la jurisdicción de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, principalmente en cuanto a los procedimientos de investigación desarrollados por las autoridades; y, de ser considerados como aquellos que no pueden ser objeto del beneficio de la libertad preparatoria.

Recinto del Senado de la República, a 03 de Octubre de 2011. CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN P R E S E N T E Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, al tenor de la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Lamentablemente, en la actualidad, y sólo por mencionar algunos ejemplos, muertos en las calles, incinerados, degollados, colgados y, en general, personas sobre las cuales se atentó corporal o psicológicamente, son noticias cotidianas.

  1. En este contexto, nos debemos exigir a nosotros, los integrantes de la representación legislativa del país, brindar a la sociedad instrumentos necesarios para que el Estado vuelva a realizar plenamente la función pública, que es la razón esencial de su existencia, la seguridad.
  2. Ante ello, vale la pena mirar retrospectivamente al máximo doctrinario del derecho punitivo, Cesare Beccaria, quien plasmó sus ideas trascendentales en el libro Tratado de los delitos y de las penas, donde dejó en claro que la eficiencia de la pena no es aquella que sea demasiada intensa, sino la que se prolonga a lo largo del tiempo, pues operaría como un factor disuasivo para las personas que tienen la intencionalidad de infringir las disposiciones penales.
  3. El profesor italiano, compara la pena de muerte con la prisión vitalicia, alegando que la sociedad se impacta con la pena capital, sin embargo, sus consecuencias se olvidan entre el colectivo; en contraposición a esa pena, la cadena perpetua es continua, estando presente todo el tiempo para la sociedades.
  4. Ante las condiciones presentes en el país y el argumento de autoridad previsto, es conveniente reconsiderar la prisión vitalicia o cadena perpetua como una sanción, coadyuvante para disminuir y, de ser posible, erradicar la violencia en México, aclarando que la sanción debe dictarla un juez penal atendiendo las formalidades del procedimiento, adquiriendo la calidad de cosa juzgada.
  5. El descrédito de la prisión vitalicia atiende a los abusos de épocas anteriores, donde no existía un sistema procedimental bien estructurado, o bien, los alcances políticos derivados del sistema podían más que las determinaciones normativas.
  6. Los dos casos enunciados (descrédito de un sistema jurisdiccional incipiente y consideraciones políticas antes de todo) pueden representarse con la sanción impuesta a Galileo Galilei, quien fue condenado como se precisa en seguida:
  7. “reservándonos la facultad de aminorar, cambiar y levantar en todo o en parte la mencionada pena”.
  8. En este tenor no se puede apreciar una fecha de compurgación, por lo que la pena se pudo prolongar hasta su muerte, pero la historia narra que se le otorgó, a cambio de la retractación de su teoría, una sustitución, de por vida, de arresto domiciliario.
  9. Sin embargo, en los estados democráticos con instituciones jurisdiccionales definidas en cuanto a su competencia y respaldadas por tribunales con personal especializado y profesionales, la prisión perpetua sería un medio eficaz para lograr la finalidad de una seguridad pública plena, la cual, a su vez, propiciará el orden y la paz pública tan añorada en estos tiempos.

Sabemos bien las respuestas que esta iniciativa podría levantar, sin embargo, es tiempo de mirar las consecuencias tan lamentables de no haber generado en los últimos lustros políticas públicas de educación para jóvenes, inclusión social y desarrollo económico para emplear a las personas en edad productiva.

Nos referimos a la delincuencia organizada. Entre las críticas que podrían presentarse sin fundamento, está la de su constitucionalidad, debido a que el 9 de diciembre de 2005 se modificó el artículo 22 de la Carta Magna para suprimir la pena capital, la cual se le asimila como una pena parecida a la prisión vitalicia en cuanto a lo absoluto de su determinación, circunstancia que no refleja la realidad, haciendo uso maniqueo de los argumentos para desacreditar, sin razón, la pena por la que pugnamos.

La prisión vitalicia no es contraria al texto supremo jurídico, entre otras razones por las causas descritas a continuación: A) El artículo 14 constitucional textualmente está redactado en su segundo párrafo en los siguientes términos: Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En este tenor, es evidente la no existencia de una prohibición constitucional sobre la cadena perpetua, por lo que, todo tribunal penal, atendiendo a leyes anteriores al hecho delictivo y respetando las formalidades esenciales del procedimiento, podría asignarle como sanción a un procesado la prisión vitalicia.

B) Internacionalmente, México suscribió dos instrumentos cuya relevancia es determinante, entre otras circunstancias, por el control de la convencionalidad, tan importante y reconocida abiertamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el presente año gracias al caso Rosendo Radilla.

  • Convención de Las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (Convención de Palermo)
  • Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

La Convención de Palermo determina en su artículo 34.3, que los Estados, suscriptores, serán libres de determinar penas consideradas como “más estrictas”, con la finalidad de limitar la delincuencia organizada. En este tenor, ocupando la interpretación extensiva, es viable imponer, como una sanción más estricta, la pena de prisión perpetua, en virtud que ésta no existe al día de hoy en los textos penales federales.

Por lo tanto, la reforma que pretendemos incluir, si se obtienen los requisitos legales y constitucionales, transformará la redacción del artículo 25 del Código Penal Federal, el cual, actualmente, en términos generales, sólo reconoce hasta sesenta años como la pena máxima de prisión. Por su parte, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado por el Ejecutivo Federal el diez de octubre de dos mil cinco y depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el veintiocho del propio mes y año, acepta en su artículo 110, la ad cohaerentia del derecho interno de que éste pueda considerar la cadena perpetua como una sanción.

Es importante tener presente la completa aceptación, no sólo de México sino de todos los países occidentales modernos de la jurisdicción penal internacional a través de la Corte, por lo que no aceptar la prisión vitalicia como opción es un argumento evasivo.

C) En este mismo tenor, es conveniente precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en el marco de la constitucionalidad y de un tratado de extradición, aceptar que una persona se trasladara a la nación que la juzgaría, en donde la prisión vitalicia pudiera ser una opción altamente probable.

Para fortalecer este argumento se transcribe en seguida la postura judicial: Novena Época Registro: 175940 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: P./J.2/2006 Página: 5 EXTRADICIÓN.

LA PRISIÓN VITALICIA NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE CUANDO AQUÉLLA SE SOLICITA ES INNECESARIO QUE EL ESTADO REQUIRENTE SE COMPROMETA A NO APLICARLA O A IMPONER UNA MENOR QUE FIJE SU LEGISLACIÓN.

De conformidad con el artículo 10, fracción V, de la Ley de Extradición Internacional, si el delito por el que se solicita la extradición es punible con la pena de muerte o alguna de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con las leyes de la parte requirente, la extradición no podrá concederse, a menos de que esta parte otorgue las seguridades suficientes de que aquéllas no se aplicarán, o que se impondrán las de menor gravedad que fije su legislación.

En estas condiciones, si la pena de prisión vitalicia no es de las prohibidas por el referido precepto constitucional, es evidente que en los casos en que se solicite la extradición y el delito que se impute al reclamado sea punible en la legislación del Estado solicitante hasta con pena de prisión vitalicia, es innecesario exigirle que se comprometa a no imponerla o a aplicar una menor.

Solicitud de modificación de jurisprudencia 2/2005-PL. Presidente Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio A. Valls Hernández, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.29 de noviembre de 2005. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N.

  • Silva Meza.
  • Ponente: Guillermo I.
  • Ortiz Mayagoitia.
  • Secretarios: Rafael Coello Cetina y Alberto Díaz Díaz.
  • El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 2/2006, la tesis jurisprudencial que antecede.
  • México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.
  • Nota: En su sesión de 29 de noviembre de 2005, el Tribunal en Pleno determinó modificar la tesis P./J.125/2001, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 13, para quedar aprobada en los términos de la diversa P./J.2/2006.

Como se aprecia, el orden legal mexicano concibe a la cadena perpetua como coherente al sistema normativo. Para fortalecer todavía más la inclusión de este apartado, también es conveniente transcribir otra contradicción en la cual no sólo se indica la coherencia de la pena con el sistema, sino, además, su conveniencia y las características que debe reunir una sanción para ser considerada como prohibida por el orden supremo, mismas que, como se explica, no encuadran con la prisión vitalicia.

  1. Novena Época Registro: 175844 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: P./J.1/2006 Página: 6 PRISIÓN VITALICIA.
  2. NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

La acepción de pena inusitada a que se refiere el precepto constitucional citado se constriñe a tres supuestos: a) Que tenga por objeto causar en el cuerpo del sentenciado un dolor o alteración física; b) Que sea excesiva en relación con el delito cometido; que no corresponda a la finalidad que persigue la pena, o que se deje al arbitrio de la autoridad judicial o ejecutora su determinación al no estar prevista en la ley pena alguna exactamente aplicable al delito de que se trate; y, c) Que siendo utilizada en determinado lugar no lo sea ya en otros, por ser rechazada en la generalidad de los sistemas punitivos.

En congruencia con lo anterior, se concluye que la pena de prisión vitalicia no se ubica en alguno de los referidos supuestos, ya que si bien inhibe la libertad locomotora del individuo, no tiene por objeto causar en su cuerpo un dolor o alteración física. En cuanto a lo excesivo de una pena, ello se refiere a los casos concretos de punibilidad, en los que existe un parámetro para determinar si para ciertos delitos de igual categoría, el mismo sistema punitivo establece penas diametralmente diferentes, por lo que la pena indicada en lo general no se ubica en tal hipótesis, al no poder existir en abstracto ese parámetro; además, la prisión corresponde a la finalidad de la pena, pues ha sido reconocida como adecuada para el restablecimiento del orden social, sin que la característica de vitalicia la haga perder esa correspondencia, pues dicho aspecto se relaciona con su aplicación, mas no con el tipo de pena de que se trata.

Por otra parte, es importante señalar que el hecho de que la prisión vitalicia no tenga como consecuencia que el reo se readapte a la sociedad, dado que éste no volverá a reintegrarse a ella, tampoco determina que sea una pena inusitada, toda vez que el Constituyente no estableció que la de prisión tuviera como única y necesaria consecuencia la readaptación social del sentenciado, ni que ese efecto tendría que alcanzarse con la aplicación de toda pena, pues de haber sido esa su intención lo habría plasmado expresamente.

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Solicitud de modificación de jurisprudencia 2/2005-PL. Presidente Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio A. Valls Hernández, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.29 de noviembre de 2005. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N.

Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Rafael Coello Cetina y Alberto Díaz Díaz. El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 1/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.

Nota: En su sesión de 29 de noviembre de 2005, el Tribunal en Pleno determinó modificar la tesis P./J.127/2001, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 15, para quedar aprobada en los términos de la diversa P./J.1/2006.

A lo largo de esta breve exposición, hemos podido apreciar la conveniencia social como factor disuasivo de la concepción actual sobre la prisión vitalicia, asimismo, hemos defendido su constitucionalidad de acuerdo al argumento sistemático en su modalidad ad cohaerentia,

De igual modo, la aceptación del orden jurídico mexicano en concordancia con la Convención de Palermo y el Estatuto de Roma, acudiendo por último, en nuestro afán demostrador, a la interpretación que la Corte ha brindado en sendas resoluciones. Finalmente, se presenta el argumento del federalismo, sostenido en los artículos 40 y 121 constitucionales, pues gracias a éstos, la Federación reconoce todo acto público de las entidades federativas, asimismo, su capacidad autónoma de legislación.

En este tenor, se cita la norma punitiva del Estado de Chihuahua, concretamente, su Código Penal, artículo 29, fracción I, donde, abiertamente, reconoce la prisión vitalicia. Una pena de este tipo sólo es posible si, intrínsecamente, existe la respectiva constitucionalidad.

En virtud de todo lo anterior es que consideramos necesario, oportuno e impostergable el establecimiento de la prisión vitalicia en nuestro sistema penal de impartición de justica para el caso de tres delitos que por su trascendencia impacta de sobremanera actualmente en nuestra sociedad. Nos referimos al secuestro, al homicidio calificado y al terrorismo, en las modalidades que se proponen en el presente proyecto de decreto.

El objetivo consiste en modificar el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley general para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que dichos delitos sean susceptibles:

  • De ser castigados con la prisión vitalicia (conservando la potestad del juzgador para decidir entre este máximo y un mínimo que nunca será menor de cuarenta años).
  • De ser considerados siempre como graves (para evitar que los presuntos delincuentes adquieran su libertad durante el procedimiento).
  • Dentro del catálogo de delitos que se encuentran bajo la jurisdicción de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (principalmente en cuanto a los procedimientos de investigación desarrollados por las autoridades)
  • De ser considerados como aquellos que no pueden ser objeto del beneficio de la libertad preparatoria.

Por otro lado, consideramos necesario presentar el siguiente estudio que muestra la situación en la que se encuentra la prisión vitalicia o perpetua en otros países que creemos son bastante representativos. Ello con el objeto de fortalecer nuestra propuesta descrita en los párrafos que anteceden:

Estados Unidos de América: En este país la pena puede variar dependiendo el Estado de la Unión donde se cometa, aunque generalmente es obligatoria para asesinato de primer grado en los Estados que no cuentan con la pena de muerte.

Una encuesta realizada en el 2005 por el New York Times mostro que 1 de cada 10 prisioneros en este país están cubriendo una cadena vitalicia. Bajo el criterio de tres fallas o faltas a la ley acogiendo un rango de crímenes que van desde robo hasta asesinato, ello se considera que puede ser el inicio de una carrera criminal, por lo que se considera razón suficiente para aplicar la prisión vitalicia.

  • Singapur: La cadena perpetua es un castigo poco usado en Singapur considerando que los delitos más graves son castigados con la pena de muerte que rige en el país. Sin embargo, pequeñas cantidades de drogas (que no sobrepasen lo estipulado para castigar con el castigo capital) o pequeños robos, son castigados con la cadena perpetua sin lugar a la libertad condicional. Singapur tiene una de las leyes penales más estrictas de todo el mundo.
  • Holanda: En Holanda, la cadena perpetua es una condena a permanecer en la cárcel durante el resto de la vida del reo, y sólo si la Reina concede el indulto, cosa que sólo ha ocurrido dos veces desde la Segunda Guerra Mundial, es liberado.
  • Canadá: En Canadá la cadena perpetua es obligatoria en caso de asesinato. El periodo mínimo para la libertad condicional es de 25 años para los asesinatos en primer grado y de 10 a 25 años para los asesinatos en segundo grado.
  • Argentina: En Argentina, el Código Penal establece en su artículo 79 (Libro II, Título I Capítulo I), que se aplicará la pena de 8 a 25 años para el homicidio, siempre que el Código no estableciere otra pena. Las penas de reclusión perpetua o prisión perpetua pueden aplicarse a quien matare a otro bajo ciertas circunstancias agravantes establecidas en el artículo 80 del Código Penal.

El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco años de condena, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrá obtener la libertad por resolución judicial bajo ciertas condiciones que establece la ley penal (artículo 13 del Código Penal).

Perú: En Perú la cadena perpetua es obligatoria en caso de homicidio aunque dependiendo de la intensidad de este, el juez puede determinar imponer cadena perpetua o un tiempo definido.

Normalmente las cadenas perpetuas son para los asesinos, secuestradores y terroristas. La cadena perpetua en el Perú está dispuesta en su Código Penal en el artículo 29 en donde se dispone: “La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua.

Australia: Por ofensas serias incluyendo la traición, el asesinato y traficar droga comercialmente, la Suprema Corte de Australia puede sentenciar a criminales a prisión vitalicia sin derecho a fianza por al menos 10 años o 20 si el asesinado es un policía u otro oficial publico. La prisión vitalicia es obligatoria por asesinato, terrorismo o asesinato de un policía.

  • Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos ante esta digna soberanía la siguiente
  • INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
  • ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 25, 63 párrafos primero y tercero, 64, 64 Bis, 85 fracción I, inciso m), 139 primer párrafo, 142, 145, 148 Bis, y 320 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
  • CÓDIGO PENAL FEDERAL
  • CAPITULO II Prisión

Artículo 25. La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración podrá ser de tres días hasta prisión vitalicia. Cuando la pena no sea de prisión vitalicia, sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión.

  1. Se extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o la autoridad ejecutora de las penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva.
  2. CAPITULO III Aplicación de sanciones en caso de tentativa Artículo 63.
  3. En los casos de tentativa punible de delito grave así calificado por la ley, la autoridad judicial impondrá una pena de prisión que no será menor a la pena mínima y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado y cuando la pena prevista sea prisión vitalicia, la sanción mínima será la que resulte de aplicar ésta más 10 años.

CAPITULO IV Aplicación de sanciones en caso de concurso, delito continuado, complicidad, reincidencia y error vencible Artículo 64. En caso de concurso ideal, se aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, que se aumentará hasta una mitad del máximo de su duración, salvo que la prevista sea la prisión vitalicia y el juzgador decida aplicarla.

  1. En caso de concurso real, se impondrán las penas previstas para cada uno de los delitos cometidos, salvo que la prevista se sea la prisión vitalicia y el juzgador decida aplicarla.
  2. Si las penas se impusieran en el mismo proceso o en distintos, pero si los hechos resultan conexos, o similares, o derivado uno del otro, en todo caso las penas deberán contarse desde el momento en que se privó de libertad por el primer delito.
  3. En caso de delito continuado, se aumentará de una mitad hasta las dos terceras partes de la pena que la ley prevea para el delito cometido, salvo que la prevista sea la prisión vitalicia y el juzgador decida aplicarla.

Artículo 64 Bis,- En los casos previstos por las fracciones VI, VII y VIII del artículo 13, se impondrá como pena hasta las tres cuartas partes de la correspondiente al delito de que se trate y, en su caso, de acuerdo con la modalidad respectiva, salvo que la prevista sea la prisión vitalicia y el juzgador decida aplicarla.

  • CAPITULO III Libertad preparatoria y retención
  • Artículo 85. No se concederá la libertad preparatoria a:
  • I. Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este Código que a continuación se señalan:
  • a) a l)
  • m) Terrorismo, previsto en los artículos 139 y 149 Bis:

II. a IV. CAPITULO VI Terrorismo Artículo 139.- Se impondrá una pena de cuarenta años a prisión vitalicia y de seis hasta doce mil días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

  1. Artículo 142,-
  2. Al que instigue, incite o invite a militares en ejercicio, a la ejecución de los delitos a que se refiere este Título, se le aplicará pena de cinco a cuarenta años de prisión, con excepción del delito de terrorismo, cuya pena será la establecida en el dispositivo 139 de este Código.

Artículo 145.- Se aplicará pena de cinco a cuarenta años de prisión y de ciento veinte a mil ciento cincuenta días multa, al funcionario o empleado de los Gobiernos Federal o Estatales, o de los Municipios, de organismos públicos descentralizados, de empresas de participación estatal o de servicios públicos, federales o locales, que incurran en alguno de los delitos previstos por este Título, con excepción del delito de terrorismo, cuya pena será la establecida en el artículo 139 de este Código.

  • CAPITULO III TERRORISMO INTERNACIONAL
  • Artículo 148 Bis.- Se podrá imponer una pena mínima de cuarenta y cinco años y hasta prisión vitalicia y de diez hasta quince mil días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten:
  • I) a III)
  • CAPITULO III Reglas comunes para lesiones y homicidio

Artículo 320. Al responsable de un homicidio calificado se le podrá imponer una pena que vaya desde cuarenta años hasta prisión vitalicia.

  1. También se entenderá como homicidio calificado cuando se mutile, decapite o incinere a la víctima, sea antes o después de la privación de la vida, o bien se exhiba el cuerpo del victimado como método intimidatorio.
  2. ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
  3. CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
  4. CAPITULO IX Valor jurídico de la prueba

Artículo 290.

  • Cuando se trate de los delitos sancionados con prisión vitalicia, las resoluciones contendrán una descripción pormenorizada de las pruebas desahogadas, del valor que se les haya asignado, los razonamientos en los que descansan, de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, sean favorables o desfavorables así como el proceso de inferencias objetivas que permita tener plenamente probada la comisión del delito y la responsabilidad del indiciado.
  • ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman las fracciones I y II del artículo 10 y el artículo 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria del la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
  • LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
  • Capítulo II De los Delitos en Materia de Secuestro
  • Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán:
  • I. De veinticinco años de prisión y hasta prisión vitalicia y de dos mil a cuatro mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes:
  1. a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario;
  2. b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;
  3. c) Que se realice con violencia;
  4. d) Que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que ésta se encuentra;
  5. e) Que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo;
  6. f) Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez;

II. De treintaicinco años de prisión y hasta prisión vitalicia y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurren cualquiera de las circunstancias siguientes:

  • a) Que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo;
  • b) Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta;
  • c) Que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal;
  • d) Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual;
  • e) Que durante o después de su cautiverio, la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito.

Las sanciones señaladas en el presente artículo se impondrán, sin perjuicio o con independencia de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se aplican resulten. Artículo 11. Si la víctima de los delitos previstos en la presente Ley es privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos, se impondrá a éstos una pena de cuarenta y cinco años de prisión y hasta prisión vitalicia y de doce mil a dieciséis mil días multa.

  1. ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma la fracción I del artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:
  2. LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
  3. CAPÍTULO ÚNICO NATURALEZA, OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY
  4. Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:
  5. I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 Y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; homicidio, previsto en los artículo 315, 315 bis y 320; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;
  6. II.
  7. VII.
  8. T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del presente decreto.

  • Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
  • SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA
  • COORDINADOR
  • SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS
  • SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA
  • SEN. MANUEL VELASCO COELLO
  • SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ
  • SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS

“No es lo intenso de la pena quien hace el mayor efecto sobre el ánimo de los hombres, sino su extensión; porque a nuestra sensibilidad mueve con más sensibilidad y permanencia las continúas aunque pequeñas impresiones que una u otra pasajera y poco durable aunque fuerteno es el freno más fuerte contra los delitos el especial espectáculo momentáneo, aunque terrible, de la muerte de un malhechor, sino el largo y dilatado ejemplo de un hombre que, convertido en bestia de servicio y privado de libertad, recompensa con sus fatigas aquella sociedad que ha ofendido”.

¿Cuál es la cuarta parte de una condena?

Ejemplo de liquidación de condena penal – ‍ Para entender mejor cómo se hace una liquidación de condena penal podemos partir de un caso en el que se impone una pena de prisión de 2 años. Por ejemplo, imaginemos que la pena inicia a cumplirse el 31 de marzo de 2022, que hay un indulto parcial de la pena de 6 meses y que el reo estuvo en prisión preventiva que comenzó el 1 de enero de 2022 hasta el 27 de enero de 2022.

  • Pena de prisión: 2 años.
  • Inicio de cumplimiento: 31/3/2022
  • Indulto parcial: 6 meses.
  • Prisión preventiva: 27 días.

Pasos para liquidar la pena:

  1. Lo primero que hay que hacer es pasar la pena a días: 365×2 = 730 días.
  2. Restar el indulto si lo hay: 6×30 = 180 días.730 – 180 = 550 días (pena total para salir en libertad definitiva).

Otro aspecto importante es calcular, por ejemplo, la cuarta parte de la condena para saber cuándo el reo podrá pedir un permiso. Simplemente se trata de dividir la condena total 550/4= 137,5 días (como hay un decimal, en este caso, se le suma un día más: 138 días).

  • A esta cifra también hay que restarle los días que el reo estuvo en prisión preventiva, por lo que: 138-27= 111 días.
  • La fecha de inicio de la pena es 31 de marzo de 2022 y a partir de ahí se deben calcular los días totales de condena y la fecha en la que se podrán aplicar beneficios penitenciarios.
  • En cualquier caso, siempre es necesaria la ayuda de un abogado penalista e xperto para poder conocer la liquidación de condena y hacerlo correctamente.

: Sunkel&Paz — ¿Qué es la liquidación de una condena penal?

¿Cómo se saca la media aritmética de un delito?

El término medio aritmético es el ‘ cociente que se obtiene de sumar la pena mínima ‘y la máxima del delito de que se trate y dividirlo ‘entre dos.’